miércoles, 21 de febrero de 2018

¿Cuestan los derechos?

Esta semana estuve platicando con un científico cubano y me comentó una serie de hechos que yo también había observado sobre la valoración de lo que no cuesta. Me comentaba que para él había sido muy importante informar a los estudiantes y colegas de la Universidad de la Habana los montos de dinero asociados a la formación de los estudiantes y a los proyectos de investigación. Esta información permitía hacer conciencia sobre la necesidad de rendirle cuentas a quien aporta el dinero para estos hecho. En todas las sociedades las personas son las que aportan dinero para sostener los derechos.
Aquí es muy importante hacer mención que ambos coincidíamos en que la educación superior es un derecho de las personas y, por lo tanto, debemos buscar que se oferte a todas ellas.
Considero que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo que existen derechos para todas las personas como la educación, la libertad, la vida, etc. y, al mismo tiempo, otorgamos la obligación de garantizarlos y satisfacerlos a los gobiernos. De hecho estos derechos de las personas se establecen, por lo regular, en las constituciones de los países o en el ámbito internacional en Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, esta situación invita a pensar que no cuesta las acciones que conlleven a garantizarlos y satisfacerlos. De aquí señalabamos, en esa conversación, la necesidad de hacerlos patentes.
Para comentar concretamente, déjenme transcribir específicamente el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”
Es más el artículo anterior aborda una problemática que puede ser más conflictiva, el artículo 25 dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Estoy totalmente de acuerdo en que estos son derechos mínimos que deben tener las personas; pero claramente los costos deben ser contemplados. Cuando hablo de costos implico: el pago del salario de las personas que enseñan en las escuelas, las que limpian, las que administran, la construcción de las mismas escuelas, los materiales didácticos, los gises, los plumones, los libros en la biblioteca, los videos, los programas de cómputo, etc. Ya no digamos a lo que se refiere el artículo 25. En particular, cuando se dice que la educación debe ser gratuita, se quiere indicar que la educación debe ser provista por el contrato o pacto social que hemos tácitamente aceptado como sociedad y, por lo tanto, el gobierno debería proveernos de una educación de calidad.
De la argumentación anterior, parece concluirse que los derechos fundamentales son un bien común y que para disfrutarlos necesitamos distribuir su costo entre todas las personas. Con estas ideas en la mente, me gustaría comentar sobre quién o quiénes deben pagar para garantizar los derechos de las personas. Para ello quiero recordar la tragedia de los comunes de Garret Hardin quién establece que hay un problema para mantener los recursos en el momento en que no se contempla el pago del uso de lo comunitario. Con este planteamiento del problema deseo ilustrar que los beneficios de lo común se pueden ver disminuidos drásticamente dado que su garantía se pudiera ver comprometida ante la falta de pago que permita su continuidad. Para resolver este problema Donella Meadows (en Thinking in Systems) propone que establezcamos reglas clara para el pago pleno del usufructo de lo común. Hoy no tenemos esas reglas claras o son francamente inequitativas.
El costo o pago de la educación es incluido normalmente en ese pacto social tácitamente establecido al vivir en sociedad, donde se deben incluir reglas claras sobre el pago de lo común. Cuando somos muy conscientes, consideramos que con el pago de impuestos contribuimos suficientemente para que este tipo de servicios se otorguen y con alta calidad. Sin embargo, como no cuantificamos bien los costos, no podemos determinar con exactitud si el pago de impuestos es suficiente. Al menos para mi, no es claro que con los impuestos que pagamos sea suficiente para poder satisfacer la demanda de nuestros derechos como individuos y sociedad. Recordemos que en México, los empleos retribuidos con salario mínimo se han incrementado en cambio los empleos asociados a salarios entre cuatro y cinco salarios han disminuido. Esto implica que el pago de impuestos es menor ahora que antes.
El hecho real es que parece ser que nuestras contribuciones no son suficientes, esta frase se sustenta en el hecho que hoy nos quejamos de la calidad de la educación y muchos pensamos en resolverla contratando de manera particular este servicio. Ante esta situación algunos luchamos por tener una educación pública de calidad, pero para ello se requiere presupuesto.
Continuamente mencionamos que el gobierno debe destinar mayor presupuesto a la educación, a la investigación y a una infinidad de rubros más; pero ¿cuánto cuesta?, ¿es suficiente con lo que contribuimos? Seguro en estos momentos un pensamiento defensivo surge en la mente de muchos lectores “la corrupción” como un “pero” en este análisis. Por supuesto que comparto esta suspicacia; sin embargo, para avanzar en la idea que deseo compartir, por un momento asumamos que resolvemos el problema de la corrupción. De ser así, es probable que podamos enunciar otro “pero” y coincidir en que la tasa de impuestos es alta en México, esto pudiera ser cierto; pero no es un problema de si la tasa es alta. Aquí la pregunta concreta es ¿el gobierno tiene el suficiente recurso para garantizar y satisfacer los derechos de las personas que habitan en nuestro país? Desde mi punto de vista no es la última pregunta, sino que hay otra pregunta todavía que puede ir al fondo del problema: ¿las personas reciben lo suficiente como producto de su trabajo para satisfacer sus necesidades? Así, finalmente la pregunta es: ¿Las personas en México reciben los suficiente para satisfacer sus necesidades y derechos? Por supuesto, que hay una fracción muy pequeña de la población que recibe una retribución cuantiosa y que tiene la posibilidad de vivir con muchísimos privilegios, es decir, garantizar no solo sus necesidades y derechos fundamentales, sino que reciben más beneficios que el 99% de la población. Desgraciadamente, una porción mayor al 50% en nuestro país vive bajo la línea de pobreza. Esto último quiere decir que la mayoría de la población no recibe los suficiente por su trabajo para poder satisfacer sus necesidades elementales y, por consiguiente, tampoco pueden contribuir a pagar el costo total para garantizar y satisfacer los derechos de toda la población, incluso los suyos.
De entrada en la situación actual, el pago de los derechos comunes no puede ser distribuido con una simple división del costo total entre la población total, ya que no todos podrían contribuir para pagar los derechos y subsistir. Para ello, primeramente necesitamos que la retribución por su trabajo alcance para cubrir sus necesidades primarias y después contribuir para el pago de esos derechos universales. Entonces, es necesario conseguir que toda la población cuente con la suficiente retribución para cubrir sus necesidades y derechos. Es decir, parece ser imperioso un aumento de salarios para que las personas reciban por su trabajo lo necesario para satisfacer sus necesidades y puedan contribuir plenamente para el pago de su derechos fundamentales. Siguiendo esta línea de pensamiento podemos decir que: el propugnar porque todas las personas reciban lo suficiente para satisfacer sus necesidades primarias y puedan contribuir para que todos recibamos a cambio los derechos universales no es una premisa altruista.
Si estamos de acuerdo con estos razonamiento, cómo podemos tener actitudes que impliquen el regateo cuando compramos algún producto o servicio a otro, cómo justificar la negociación voraz en un pacto mercantil. Quizá deberíamos aprender a valorar nuestra contribución a la sociedad y exigir la retribución justa para que los otros también puedan contribuir y la demanda sobre nosotros del pago de lo común disminuya. Parece ser que estas ideas están detrás del llamado comercio justo. En mi opinión, la voracidad y el querer ganar en demasía en una negociación puede conducir a solicitar una contribución mayor para el voraz y en el largo plazo esta persona voraz necesite pagar más para cubrir sus necesidades de seguridad, por ejemplo. Esto se basa en el hecho de que si una persona, o empresa, recibe un desproporcionado beneficio, se le exigirá una mayor contribución para el pago de las necesidades y derechos fundamentales de los otros, a quienes “ganó” en la negociación del salario o del “negocio”.
Aquí hay un problema interesante, cuando una persona recibe más que otra puede contribuir más al pago de los derechos comunes con los otros sin afectar mucho su beneficio individual; pero, con este pago adicional, incrementando el beneficio social. Esto último puede, a su vez, incrementar su beneficio individual con lo cual podría tener una ganancia individual, aunque haya contribuido en una mayor proporción. Este comportamiento que pudiera ser entendido como altruismo social, al contribuir en una forma mayor al resto de la población por los que más tienen, finalmente puede incrementar el beneficio individual de la persona que contribuye adicionalmente.
Con esta reflexión llamo la atención a reconocer y enseñar que todo cuesta, que lo justo es luchar por recibir un mejor salario con base en el esfuerzo para entregar productos o servicios de calidad para que todas las personas contribuyamos y gocemos de los derechos universales. Por supuesto, esto no es fácil; pero ahora sabemos lo que pasa cuando tomamos una actitud voraz, que implica que tendremos que contribuir más; mejor ser mesurados para conseguir un bienestar social.

Una primera versión resumida de este artículo fue publicada el día 21 de Febrero en el periódico La Unión de Morelos.

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