Este año la Universidad Nacional Autónoma de México festeja los 90 años de la autonomía universitaria. Por supuesto que esta celebración tiene motivos para destacarse en todos los rincones del país. Es más hoy en día es de vital importancia que todas las personas conozcamos las ventajas de tener instituciones educativas de nivel superior autónomas.
Déjenme comentar brevemente algunas ideas sobre la autonomía universitaria en el contexto actual en nuestro país.
En las últimas décadas hemos observado una trayectoria a convertir los servicios en general en mercancía. En muchas ciudades de nuestro país, hemos visto como el servicio del agua potable se concesiona; lo mismo pasa con el servicio de recolección de desechos sólidos urbanos (basura) y otros. Es decir, estos servicios que en principio son parte de los beneficios que deben ser producto del contrato social que todas las personas concebimos al vivir en sociedad, ahora son concesionados y por lo tanto, se perciben como mercancía por la que hay que pagar un precio adicional. Por supuesto que los verdaderos empresarios están buscando nichos de oportunidad donde puedan invertir y obtener ganancias. Sin embargo, debemos contemplar que no siempre la liberación a ultranza de todo lo que puede ser considerado mercancía es adecuado para promover un bienestar social. Las recientes crisis económicas nos han enseñado que una regulación sobre los negocios es necesaria para promover el beneficio de todas las personas y no solamente de unas cuantas. Aunque no parezca, en nuestro país hemos empezado a transitar a una comercialización de la educación y en especial de la educación superior. Esta tendencia la encontramos en el ámbito internacional que considera a la educación superior como una mercancía, donde los empresarios o inversionistas pueden obtener lucro de la impartición de este nivel de educación. Debo manifestar que no estoy en contra de estos empresarios, lo que si considero muy importante es que la sociedad, a través del gobierno, brinde opciones educativas de calidad desde el ámbito público. Por lo tanto, la sociedad por conducto del gobierno debe financiar una educación superior de calidad. De hecho, el financiamiento público de la educación es una tarea irrenunciable de todo gobierno que promueva el bienestar social.
En el contexto internacional los nichos de negocios en el rubro de la educación superior son uno de los más prometedores. Los capitales ven el mercado de la educación superior como un nicho muy prometedor para la inversión y otorgamiento de créditos a los estudiantes con réditos interesantes, como un negocio redituable. Estas formas de conceptualizar a la educación superior es muy diferente a la tradición educativa latinoamericana y en particular a la mexicana. En el contexto latinoamericano, basta mencionar que desde mediados del siglo antepasado las universidades en Uruguay y Argentina luchaban por su autonomía educativa, presupuestaria, de gestión y de investigación. Así, en estos dos países encontramos los primeros ejemplos de universidades autónomas que otorgaron, y hoy otorgan, la posibilidad de movilidad social a un amplio sector de la población, y además, construyendo la posibilidad de que la sociedad tome decisiones con base en el conocimiento. De hecho, este lunes, la UNAM otorgó el reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 a la Universidad de la República de Uruguay y a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, precisamente por su papel pionero en la defensa de la esta autonomía en el continente desde el siglo XIX.
Por supuesto, que la autonomía no implica la ausencia en la rendición de cuentas. De hecho, las universidades autónomas con la posibilidad de elegir su propia forma de gobierno y de selección de autoridades deben ser un ejemplo en la transparencia del manejo de los recursos que les son otorgados. En mi opinión, deben ser castigadas las acciones, que bajo el pretexto de la autonomía universitaria, incurran en faltas a la normatividad, ya que no solamente incumplen con las leyes, sino que traicionan la confianza de la sociedad en ellas. Acciones como la llamada estafa maestra deben ser investigadas y en caso de mostrarse el incumplimiento de la ley deben ser castigadas.
Hoy en día en nuestro país debemos estar orgullosos porque la UNAM ocupa un lugar distinguido entre las universidades latinoamericanas en la mayoría de los “rankings” internacionales. Esta universidad pública caracterizada por se una de las universidades de masas más grandes del mundo y que es una de las mejores en latinoamérica. Además es un ejemplo de diversidad y, a pesar de su tamaño, muestra amplia tolerancia hacia las diversas formas de pensar; pero preservando el rigor académico ante todo. Afortunadamente, la UNAM no es el único ejemplo de un buen ejercicio de la autonomía y podemos encontrar a lo largo del país otras universidades que hacen un buen uso de esta autonomía y construyen conocimiento.
Seguramente, algunos lectores me podrán preguntar y en qué beneficia esta autonomía a una persona que vive en las Barrancas del Cobre en Chihuahua o en el centro de la Selva Lacandona en Chiapas. Por supuesto que mi respuesta honesta sería: individualmente en poco; pero en el contexto social, la autonomía universitaria es de gran utilidad; ya que forma personas y genera conocimiento que permitirán construir estrategias que redunden en el beneficio social de las poblaciones más vulnerables y cambie las condiciones adversas para el desarrollo de las diversas comunidades con base en los deseos de esas comunidades. Es decir, el impacto en la solución de los problemas es una tarea de todas las personas y no solo de las instituciones.
La verdadera riqueza en el ejercicio de la autonomía de las instituciones está en la promoción de la diversidad, la construcción de consensos y visiones colectivas. Con esto, rechazo rotundamente las visiones totalitarias que intentan eliminar la diversidad y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Festejemos la autonomía de las universidades, en particular de la UNAM, que son el producto de la lucha social latinoamericana, y mexicana, ante los embates del colonialismo o el imperialismo o el comunismo o el neoliberalismo o las visiones de la luz del mundo. Las universidades autónomas fomentan la diversidad y construyen con base en el conocimiento soluciones de la problemática, también son el refugio de las ideas cuando se pretende combatir a los que piensan diferente, pueden formar a las personas con conocimiento, libertad de pensamiento y acción. De hecho, los movimientos sociales latinoamericanos del los siglos pasados y las movilizaciones del actual han sido apoyados fuertemente por las universidades autónomas gracias a la intervención de sus comunidades. Así, todo depende de las personas que participamos en ellas y que tenemos el compromiso de actuar en consecuencias con la confianza que la sociedad deposita en nosotros.
Una versión previa de este artículo fue publicada el día 31 de Julio en el periódico La Unión de Morelos.
miércoles, 31 de julio de 2019
miércoles, 24 de julio de 2019
Los permisos de construcción requieren de planeación
En estos días podemos observar en muchas ciudades de nuestro país la construcción de edificios de varios pisos. En particular en Cuernavaca vemos que el paisaje cambia con la construcción de estos edificios de más de cuatro pisos. Aunque no solamente se modifica el paisaje, sino que con la construcción de estos edificios sufrimos cambios que pueden poner entre dicho la sustentabilidad de las ciudades. Claramente muchas personas pueden pensar que es más adecuado aumentar el número de habitaciones o de oficinas por cada metro cuadrado de la superficie construida y con ello disminuir los impactos negativos. El razonamiento podría ser el siguiente: en lugar de tener una casa habitación en el terreno, se construye un edificio de varios pisos con varias casas habitación o departamentos afectando menos tierra disponible. Esta forma de pensar, considera que las afectaciones al suelo natural son menores si la extensión de las edificaciones son menores, como es el caso de los edificios en lugar de las casas individuales. Sin embargo, es importante considerar que la demanda de agua, de energía, de transporte y de otros servicios es la misma para las construcciones individuales que para cada una de los departamentos en los edificios. Es decir, la necesidad de agua, energía, transporte, etc. se cuantifica, generalmente, por persona y no por casa habitación, por lo tanto, al aumentar la densidad de la población en cada metro cuadrado se aumenta, casi en la misma proporción, la demanda de servicios y con ello el razonamiento anterior puede ser falso. De esta manera, no podemos concluir sin un análisis cuidadoso que es preferible construir edificios a construir casas individuales.
También hemos observado, a lo largo de los años, la transformación de tierra cultivable en grandes conglomerados de casas habitación alrededor de las ciudades, como lo hemos visto en los municipios al sur de Cuernavaca. Generalmente estos fraccionamientos pueden proveerse de agua de pozos dentro de los terrenos mismos y pueden contemplar plantas de tratamiento de aguas, aspectos que parecen deseables al disminuir el impacto negativo. Sin embargo, estos fraccionamientos, generalmente no contemplan los servicios de acceso y transporte y a lo largo del tiempo se incrementan los tiempos de traslado de las personas que habitan estos fraccionamiento hacia los centros de trabajo que generalmente están en las zonas céntricas de las ciudades, como hemos observado al este y al sur de Cuernavaca. Es importante hacer notar que generalmente estos conglomerados de casas pueden ser realmente ciudades dormitorio que obligan a desarrollar infraestructura de movilidad, ya sea a construir o ampliar las calles o avenidas de acceso o a implantar esquemas de transporte público como trenes o sistemas rápidos mediante autobuses. Además, generalmente los constructores no contemplan el desarrollo de edificios de servicios, como las escuelas, las clínicas, los cines, las tiendas, los parques, etc. Como bien sabe todo urbanista, la construcción de estos fraccionamientos debe contemplar el desarrollo de la infraestructura que brinde calidad de vida a la población que los ocupará.
Claramente el aumento de la población en las ciudades, ya sea por el incremento propio de la población o por la migración, requiere del desarrollo de nuevas infraestructuras o de la modificación de la existente. Las dos opciones que hemos planteado en los párrafos anteriores tienen ventajas y desventajas y para resolver el dilema tenemos que contemplar múltiples aspectos, no solo los que ilustramos aquí.
En nuestro país, los permisos de construcción de edificios o de fraccionamientos están a cargo de las presidencias municipales que deben tener un plan de ordenamiento territorial que contemple precisamente las características de uso de suelo. En mi opinión, estos planes deben elaborarse con una amplia consulta y con un sustento en el conocimiento de la región. Ya que debe considerar los servicios de energía, agua, manejo de residuos, transporte, servicios ambientales y el aporte de los satisfactores de las personas que los ocuparán. Estoy seguro que la mayoría de los municipios tiene estos planes de ordenamiento territorial, pero no se respetan o no están elaborados con el debido cuidado. Por esta razón, tengo la impresión que la mayoría de los gobiernos municipales no están tomando seriamente su papel y otorgan permisos de construcción de edificios o de fraccionamientos sin considerar todos los aspectos necesarios para cuidar la sustentabilidad de las edificaciones.
Es tarea de nosotros demandar que se elaboren adecuadamente los planes de ordenamiento territorial y que se respeten, al mismo tiempo que el desarrollo de la infraestructura, como las vías de acceso, los tendidos eléctricos, el drenaje, las vías de acceso, las escuelas, los parques, etc. sea la adecuada para las actividades que se realizarán en las edificaciones. Estas edificaciones pueden ser oficinas, casas habitación, hospitales, lugares de esparcimiento, zonas industriales, aeropuertos, trenes, etc. en todas ellas debe haber un cuidadoso análisis para su construcción
La tarea no es sencilla, pero hoy sabemos que para trazar el camino hacia la sustentabilidad tenemos que incorporar el conocimiento en la toma de decisiones y como ciudadanos debemos demandar que los permisos de construcción estén basados en el conocimiento. Con esto último quiero enfatizar que la opinión de las personas que usarán o verán modificado su entorno con las edificaciones debe también ser contemplada en el otorgamiento de estos permisos.
La necesidad de contar con la planeación con miras en el largo plazo es urgente en nuestras realidad.
Una versión previa de este artículo fue publicada el día 24 de Julio en el periódico La Unión de Morelos.
También hemos observado, a lo largo de los años, la transformación de tierra cultivable en grandes conglomerados de casas habitación alrededor de las ciudades, como lo hemos visto en los municipios al sur de Cuernavaca. Generalmente estos fraccionamientos pueden proveerse de agua de pozos dentro de los terrenos mismos y pueden contemplar plantas de tratamiento de aguas, aspectos que parecen deseables al disminuir el impacto negativo. Sin embargo, estos fraccionamientos, generalmente no contemplan los servicios de acceso y transporte y a lo largo del tiempo se incrementan los tiempos de traslado de las personas que habitan estos fraccionamiento hacia los centros de trabajo que generalmente están en las zonas céntricas de las ciudades, como hemos observado al este y al sur de Cuernavaca. Es importante hacer notar que generalmente estos conglomerados de casas pueden ser realmente ciudades dormitorio que obligan a desarrollar infraestructura de movilidad, ya sea a construir o ampliar las calles o avenidas de acceso o a implantar esquemas de transporte público como trenes o sistemas rápidos mediante autobuses. Además, generalmente los constructores no contemplan el desarrollo de edificios de servicios, como las escuelas, las clínicas, los cines, las tiendas, los parques, etc. Como bien sabe todo urbanista, la construcción de estos fraccionamientos debe contemplar el desarrollo de la infraestructura que brinde calidad de vida a la población que los ocupará.
Claramente el aumento de la población en las ciudades, ya sea por el incremento propio de la población o por la migración, requiere del desarrollo de nuevas infraestructuras o de la modificación de la existente. Las dos opciones que hemos planteado en los párrafos anteriores tienen ventajas y desventajas y para resolver el dilema tenemos que contemplar múltiples aspectos, no solo los que ilustramos aquí.
En nuestro país, los permisos de construcción de edificios o de fraccionamientos están a cargo de las presidencias municipales que deben tener un plan de ordenamiento territorial que contemple precisamente las características de uso de suelo. En mi opinión, estos planes deben elaborarse con una amplia consulta y con un sustento en el conocimiento de la región. Ya que debe considerar los servicios de energía, agua, manejo de residuos, transporte, servicios ambientales y el aporte de los satisfactores de las personas que los ocuparán. Estoy seguro que la mayoría de los municipios tiene estos planes de ordenamiento territorial, pero no se respetan o no están elaborados con el debido cuidado. Por esta razón, tengo la impresión que la mayoría de los gobiernos municipales no están tomando seriamente su papel y otorgan permisos de construcción de edificios o de fraccionamientos sin considerar todos los aspectos necesarios para cuidar la sustentabilidad de las edificaciones.
Es tarea de nosotros demandar que se elaboren adecuadamente los planes de ordenamiento territorial y que se respeten, al mismo tiempo que el desarrollo de la infraestructura, como las vías de acceso, los tendidos eléctricos, el drenaje, las vías de acceso, las escuelas, los parques, etc. sea la adecuada para las actividades que se realizarán en las edificaciones. Estas edificaciones pueden ser oficinas, casas habitación, hospitales, lugares de esparcimiento, zonas industriales, aeropuertos, trenes, etc. en todas ellas debe haber un cuidadoso análisis para su construcción
La tarea no es sencilla, pero hoy sabemos que para trazar el camino hacia la sustentabilidad tenemos que incorporar el conocimiento en la toma de decisiones y como ciudadanos debemos demandar que los permisos de construcción estén basados en el conocimiento. Con esto último quiero enfatizar que la opinión de las personas que usarán o verán modificado su entorno con las edificaciones debe también ser contemplada en el otorgamiento de estos permisos.
La necesidad de contar con la planeación con miras en el largo plazo es urgente en nuestras realidad.
Una versión previa de este artículo fue publicada el día 24 de Julio en el periódico La Unión de Morelos.
miércoles, 10 de julio de 2019
Acciones que parecen buenas, pero...
Primero quiero comentarles que estudié física y, por lo tanto, cualquier comentario que haga fuera de esta rama es simplemente una opinión como la que acostumbramos decir en una charla después de comer con amigos o en el café. Con esta advertencia quiero comentar algunos aspectos de política de la 4T.
Quiero establecer un diálogo con ustedes que leen estas líneas y que deseamos tener un México con bienestar social y plantear mis dudas o mis observaciones. Por supuesto, estas observaciones tienen el sesgo de mi formación, de la vida que he tenido; el entorno ha influido en mis convicciones y desarrollado mi punto de vista. Debo reconocer que mi forma de ver las cosas tiene un sesgo hacia la búsqueda de soluciones a los conflictos por consenso, con miras en el largo plazo, a las reglas claras, la repartición equitativa de los costos de la vida social y a la búsqueda del bienestar social. Me parece que el bienestar social no es consecuencia de muchos bienestares individuales y que muchas veces, un bienestar individual arrasa con el bienestar de muchas personas. Sin embargo, el bienestar social conlleva a formas individuales de vida con estándares adecuados para cada persona. También tengo que reconocer que considero que los estímulos al esfuerzo son adecuados y, en la mayoría de las ocasiones, son necesarios para promover el bienestar social. Estos estímulos a las personas que se esfuerzan incrementan su desempeño en cualquier actividad y con ello incrementan los beneficios para toda la población; por lo tanto, me parece razonable que se les premie. Es decir, no considero adecuado dar a todos lo mismo por la razón de existir. Sin embargo, considero adecuado asegurar a todas las personas un bienestar.
Con estos advertencias van mis comentarios. Primero quiero poner en la mesa que a Ley de Austeridad, que si bien puede en lo general ser aplaudida, en lo particular, puede ser totalmente inadecuada para algunos sectores. Ya hemos visto como la aplicación a raja tabla de esta austeridad puso en jaque a los servicios públicos de salud. Es más, déjenme comentar que si bien las compras consolidadas de medicamentos pueden ser más baratas para el sector gobierno, pueden ser muy caras para la sociedad mexicana. Seguramente esta frase no les parece correcta; pero déjenme exponer con mayor detalle mi observación. Para muchas personas es claro que al comprar por mayoreo las medicinas pueden ser más baratas para el que las paga; pero ¿quién puede vender tal cantidad de medicinas? Solamente una compañía muy grande puede hacerlo y buscará obtener la mayor ganancia posible en la venta escatimando los sueldos de las personas que intervienen en la distribución de las medicinas en todos los confines del país. Sí, estas medicinas deben ser entregadas en muy diversos lugares desde los hospitales en la Ciudad de México, como en las clínicas rurales en medio de la sierra, por ejemplo. En cambio, si se diera el dinero a los hospitales o a las clínicas para que estas medicinas fueran compradas a micro o pequeñas empresas pudiera haber una mayor distribución de la riqueza y aunque el costo de las medicinas fuera mayor, el pago de los salarios a las personas que repartirían estas medicinas también lo sería. Por lo tanto, la distribución de la riqueza sería menos inequitativa (paretiana), habría una distribución mayor del pago en la población. Por otro lado, el pago de los impuestos de estas pequeñas empresas también retornaría al gobierno y finalmente a la sociedad. Por esta razón, no me parece obvio que toda la población gane al concentrar las compras en una empresa, y consideraría el análisis comparativo con propiciar el desarrollo de pequeñas empresas a lo largo de todo el país que surtan de medicinas a hospitales y clínicas. Lo que si me queda claro es que con las compras centralizadas solamente una empresa gana y, con ello, se promueve la concentración de la riqueza aumentando la pobreza en el resto de la población.
Con este ejemplo quiero abrir las posibilidades a la discusión de acciones que parecen buenas, pero que pudieran ser totalmente inadecuadas. Así puedo regresar a la Ley de Austeridad que aplicada a todas las vertientes de la actividad humana puede ser muy nociva. Primeramente esta Ley debiera ser aplicada fundamentalmente al gasto, pero no a la inversión. Si la sociedad mexicana tiene todavía muchos aspectos que requieren de inversión para poder construir la infraestructura y las instituciones que le permitan conseguir el bienestar social. En este sentido concuerdo totalmente con los colegas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) que demandan un trato especial a la inversión en Educación Superior e Investigación Científica. Desde mi perspectiva, y en muchos escritos anteriores lo he manifestado, estoy convencido que el dinero asignado a educación e investigación es un inversión y para nada es un gasto. Por lo tanto, no debe ser sujeto a la austeridad.
Por otro lado, abonando en el favor de los colegas del CINVESTAV, comento que el sector científico en nuestro país tiene una cultura de rendición de cuentas (que pudiera ser ampliada para incluir aspectos relacionados con una mayor diversidad de impactos sociales) que le ha permitido convertirse en un sector profesional y con estándares internacionales. Aquí tenemos que recordar que la inversión en este sector nunca ha sido la adecuada para conseguir un impacto contundente en nuestra sociedad; sin embargo, no debemos menospreciarlo y si debemos reforzarlo. Este sector, es de lo más participativo y ha conseguido modificar algunas políticas nefastas en administraciones pasadas gracias a su organización basada en el desempeño.
Aquí cambio ligeramente la discusión para comentar sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología, donde hay propuestas que consideran que la política de ciencia y tecnología debe ser definida fundamentalmente por el sector gobierno, para que se implante una visión transformadora. Esto me parece inadecuado, ya que la cultura científica en ese sector no es lo idónea para construir una política científica de largo plazo; la verdad es que la cultura científica en el sector gubernamental es muy limitada. Con base en mi experiencia, la discusión, basada en el conocimiento, entre personas del sector científico conduce a construir soluciones de consenso; pero, antes de construirlas, hay primeramente que permitir el disenso y promover un amplio intercambio de opiniones para construir verdaderas soluciones con personal capacitado comprometido con ellas. La fortaleza de tales políticas científicas, definidas por consenso de diferentes sectores (gobierno, academias, empresas y sociedad organizada) será de mucho mayor valía para la sociedad que aquella propuesta solamente por el sector gobierno. Por esta razón, la promulgación de una Ley General de Ciencia y Tecnología donde el órgano responsable del sector sea solamente gubernamental si acaso dará resultados para un sexenio; pero no promoverá un cambio transformador.
Considero que aquí he esbozado que no siempre las propuestas que a primera vista parecen buenas son las adecuadas en el largo plazo para propiciar el bienestar social. Sirva esto para construir propuestas de consenso.
Una versión resumida de este artículo fue publicada el día 10 de Julio en el periódico La Unión de Morelos.
Quiero establecer un diálogo con ustedes que leen estas líneas y que deseamos tener un México con bienestar social y plantear mis dudas o mis observaciones. Por supuesto, estas observaciones tienen el sesgo de mi formación, de la vida que he tenido; el entorno ha influido en mis convicciones y desarrollado mi punto de vista. Debo reconocer que mi forma de ver las cosas tiene un sesgo hacia la búsqueda de soluciones a los conflictos por consenso, con miras en el largo plazo, a las reglas claras, la repartición equitativa de los costos de la vida social y a la búsqueda del bienestar social. Me parece que el bienestar social no es consecuencia de muchos bienestares individuales y que muchas veces, un bienestar individual arrasa con el bienestar de muchas personas. Sin embargo, el bienestar social conlleva a formas individuales de vida con estándares adecuados para cada persona. También tengo que reconocer que considero que los estímulos al esfuerzo son adecuados y, en la mayoría de las ocasiones, son necesarios para promover el bienestar social. Estos estímulos a las personas que se esfuerzan incrementan su desempeño en cualquier actividad y con ello incrementan los beneficios para toda la población; por lo tanto, me parece razonable que se les premie. Es decir, no considero adecuado dar a todos lo mismo por la razón de existir. Sin embargo, considero adecuado asegurar a todas las personas un bienestar.
Con estos advertencias van mis comentarios. Primero quiero poner en la mesa que a Ley de Austeridad, que si bien puede en lo general ser aplaudida, en lo particular, puede ser totalmente inadecuada para algunos sectores. Ya hemos visto como la aplicación a raja tabla de esta austeridad puso en jaque a los servicios públicos de salud. Es más, déjenme comentar que si bien las compras consolidadas de medicamentos pueden ser más baratas para el sector gobierno, pueden ser muy caras para la sociedad mexicana. Seguramente esta frase no les parece correcta; pero déjenme exponer con mayor detalle mi observación. Para muchas personas es claro que al comprar por mayoreo las medicinas pueden ser más baratas para el que las paga; pero ¿quién puede vender tal cantidad de medicinas? Solamente una compañía muy grande puede hacerlo y buscará obtener la mayor ganancia posible en la venta escatimando los sueldos de las personas que intervienen en la distribución de las medicinas en todos los confines del país. Sí, estas medicinas deben ser entregadas en muy diversos lugares desde los hospitales en la Ciudad de México, como en las clínicas rurales en medio de la sierra, por ejemplo. En cambio, si se diera el dinero a los hospitales o a las clínicas para que estas medicinas fueran compradas a micro o pequeñas empresas pudiera haber una mayor distribución de la riqueza y aunque el costo de las medicinas fuera mayor, el pago de los salarios a las personas que repartirían estas medicinas también lo sería. Por lo tanto, la distribución de la riqueza sería menos inequitativa (paretiana), habría una distribución mayor del pago en la población. Por otro lado, el pago de los impuestos de estas pequeñas empresas también retornaría al gobierno y finalmente a la sociedad. Por esta razón, no me parece obvio que toda la población gane al concentrar las compras en una empresa, y consideraría el análisis comparativo con propiciar el desarrollo de pequeñas empresas a lo largo de todo el país que surtan de medicinas a hospitales y clínicas. Lo que si me queda claro es que con las compras centralizadas solamente una empresa gana y, con ello, se promueve la concentración de la riqueza aumentando la pobreza en el resto de la población.
Con este ejemplo quiero abrir las posibilidades a la discusión de acciones que parecen buenas, pero que pudieran ser totalmente inadecuadas. Así puedo regresar a la Ley de Austeridad que aplicada a todas las vertientes de la actividad humana puede ser muy nociva. Primeramente esta Ley debiera ser aplicada fundamentalmente al gasto, pero no a la inversión. Si la sociedad mexicana tiene todavía muchos aspectos que requieren de inversión para poder construir la infraestructura y las instituciones que le permitan conseguir el bienestar social. En este sentido concuerdo totalmente con los colegas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) que demandan un trato especial a la inversión en Educación Superior e Investigación Científica. Desde mi perspectiva, y en muchos escritos anteriores lo he manifestado, estoy convencido que el dinero asignado a educación e investigación es un inversión y para nada es un gasto. Por lo tanto, no debe ser sujeto a la austeridad.
Por otro lado, abonando en el favor de los colegas del CINVESTAV, comento que el sector científico en nuestro país tiene una cultura de rendición de cuentas (que pudiera ser ampliada para incluir aspectos relacionados con una mayor diversidad de impactos sociales) que le ha permitido convertirse en un sector profesional y con estándares internacionales. Aquí tenemos que recordar que la inversión en este sector nunca ha sido la adecuada para conseguir un impacto contundente en nuestra sociedad; sin embargo, no debemos menospreciarlo y si debemos reforzarlo. Este sector, es de lo más participativo y ha conseguido modificar algunas políticas nefastas en administraciones pasadas gracias a su organización basada en el desempeño.
Aquí cambio ligeramente la discusión para comentar sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología, donde hay propuestas que consideran que la política de ciencia y tecnología debe ser definida fundamentalmente por el sector gobierno, para que se implante una visión transformadora. Esto me parece inadecuado, ya que la cultura científica en ese sector no es lo idónea para construir una política científica de largo plazo; la verdad es que la cultura científica en el sector gubernamental es muy limitada. Con base en mi experiencia, la discusión, basada en el conocimiento, entre personas del sector científico conduce a construir soluciones de consenso; pero, antes de construirlas, hay primeramente que permitir el disenso y promover un amplio intercambio de opiniones para construir verdaderas soluciones con personal capacitado comprometido con ellas. La fortaleza de tales políticas científicas, definidas por consenso de diferentes sectores (gobierno, academias, empresas y sociedad organizada) será de mucho mayor valía para la sociedad que aquella propuesta solamente por el sector gobierno. Por esta razón, la promulgación de una Ley General de Ciencia y Tecnología donde el órgano responsable del sector sea solamente gubernamental si acaso dará resultados para un sexenio; pero no promoverá un cambio transformador.
Considero que aquí he esbozado que no siempre las propuestas que a primera vista parecen buenas son las adecuadas en el largo plazo para propiciar el bienestar social. Sirva esto para construir propuestas de consenso.
Una versión resumida de este artículo fue publicada el día 10 de Julio en el periódico La Unión de Morelos.
martes, 9 de julio de 2019
La diversidad de opiniones sustenta decisiones de largo plazo
En el mundo a lo largo del último siglo hemos observado que las democracias o las dictaduras han existido con diferentes tintes. Hemos visto dictaduras de ultra derecha o de izquierda en todos los continentes; también hemos observado democracias de derecha o de izquierda en diferentes países. Hemos tenido noticias de países donde la población en elecciones democráticas han optado por la alternancia en los tintes de los gobernantes. Desde mi punto de vista, las alternancias pueden ser benéficas para la sociedad, ya que experimentamos en carne propia las diferencias de estilo. A pesar de estos vaivenes en los estilos de gobernar; lo que podemos observar es que los países con un mejor desempeño en los indicadores de bienestar social son aquellos que han planificado con miras en el largo plazo. De esta manera, en esos países los gobernantes en turno solamente deciden en la priorización las acciones acordadas; pero mantienen el rumbo hacia los objetivos del largo plazo. Los acuerdos sociales son vitales para definir estas visiones.
En nuestro país, los gobiernos han sido tradicionalmente de derecha o centro derecha promoviendo el bienestar de unos cuantos y creando desigualdades, somos un país con más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. Ante esto, las personas nos hemos opuesto con base en organización construyendo instituciones que llamamos de la sociedad civil a las políticas que favorecen la explotación desmedida de los recursos o las personas. Estas instituciones, con autonomía basada en la participación de las personas, han obligado a los gobernantes de diferente orientación a modificar las políticas que atentan contra el bienestar social. Por supuesto que también las organizaciones de la sociedad civil pueden ser cooptadas por personas sin escrúpulos que se enriquecen o atentan contra la población o segmentos específicos de la población (infantes, mujeres en situación de violencia, migrantes, etc.); pero existen instituciones que han funcionado adecuadamente para evitar que las malas acciones de gobierno sean todavía más dañinas.
También estas organizaciones han sido la voz de muchas personas en muy diferentes situaciones denunciando actos de corrupción o medidas en contra de nuestro entorno o de abuso de poder.
En otras ocasiones, encontramos que algunas organizaciones son creadas para evitar el pago de las contribuciones que toda persona física o moral debe hacer para poder vivir en sociedad, situación que debemos evitar.
Con estas palabras quiero comentar que, como seguramente ya anticipan ustedes, las organizaciones tienen las mismas bondades o defectos que las personas. Sin embargo, la organización de las personas en estas asociaciones es algo que todo gobierno debe fomentar, cuidando, como en todo, que los recursos sean ejercidos con pulcritud y para los fines altruistas de la asociación.
En muchos ámbitos de la sociedad estas asociaciones de la sociedad civil pueden proveer un punto de vista experto y diferente al de los gobernantes o de las empresas ante proyectos específicos. Un buen gobernante o un buen empresario siempre está atento de la opinión de este tipo de organizaciones para modificar sus planes y contender con las preocupaciones genuinas de estos grupos organizados. En este sentido, la opinión de organizaciones científicas es de vital valía para un gobierno que pretende construir el bienestar social en el largo plazo.
Por esta razón, en la mayoría de los países con mayor bienestar social financian a las Academias de Ciencias, Ingeniería, Medicina, Artes y Humanidades en el entendido que en ellas están agrupadas las personas con mayores conocimientos en muy diversos campos de las actividades humanas. Por supuesto, que este financiamiento es a cambio de obtener opiniones calificadas sobre muy diversos tópicos, problemas, proyectos o iniciativas; aunque las opiniones pueden ser contrarias a las de los gobernantes. En nuestro país, el financiamiento a estas asociaciones ha padecido lo mismo que el financiamiento a la ciencia en este gobierno: ha sido reducido. Tengo que admitir que en algunos momentos y en determinadas organizaciones profesionales, estos financiamientos fueron utilizados para sufragar algunos gastos superfluos; pero en la mayoría de los momentos el dinero fue invertido en acciones que beneficiaron realmente a la población. De hecho, las propias comunidades profesionales han enmendado el camino cuando ha sido necesario y cambiaron de dirigentes para retornar el ejercicio adecuado de sus recursos. En particular, en Morelos el ejercicio de los presupuestos a estas asociaciones ha sido dedicado a promover la comunicación de la ciencia y el fomento a las actividades científicas en la población juvenil del Estado, para muestra notamos el trabajo de la Academia de Ciencias de Morelos.
Regreso al tema de que las opiniones diversas y calificadas de científicos previamente discutidas entre especialistas son un verdadero tesoro para los estadistas y generadores de planes y acciones encaminadas a construir el bienestar social. En particular, para el órgano rector de la política científica la diversidad de opiniones basadas precisamente en la discusión amplia y con argumentos es un invaluable consejo a buscar, obtener y valorar.
Tengo que decir que hoy, en el Estado de Morelos, el gobierno actual no busca obtener estas opiniones y, desde mi punto de vista, debería acercarse a las Academias de Ciencias, Ingeniería y Humanidades que ya existen para, con base en conocimiento, planear para el futuro y no solamente actuar con fines corto-plazistas. En el ámbito nacional, en mi opinión, el actual CONACyT debe promover la participación activa en la toma de decisiones de la comunidad científica organizada y evitar que por decisiones unipersonales solamente una visión sea considerada en la definición de la política científica.
Las discusiones y argumentaciones basadas en conocimiento son las que verdaderamente pueden construir planes en el largo plazo y proveer de sólidas definiciones de política pública. Lo dictatorial, inmediato y sesgado fenece, no resiste el escrutinio de la historia. Las dictaduras han caído, las democracias parecen subsistir incluso a vaivenes o “trumpicones”.
Una versión previa de este artículo fue publicada el día 3 de Julio en el periódico la Unión de Morelos
En nuestro país, los gobiernos han sido tradicionalmente de derecha o centro derecha promoviendo el bienestar de unos cuantos y creando desigualdades, somos un país con más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. Ante esto, las personas nos hemos opuesto con base en organización construyendo instituciones que llamamos de la sociedad civil a las políticas que favorecen la explotación desmedida de los recursos o las personas. Estas instituciones, con autonomía basada en la participación de las personas, han obligado a los gobernantes de diferente orientación a modificar las políticas que atentan contra el bienestar social. Por supuesto que también las organizaciones de la sociedad civil pueden ser cooptadas por personas sin escrúpulos que se enriquecen o atentan contra la población o segmentos específicos de la población (infantes, mujeres en situación de violencia, migrantes, etc.); pero existen instituciones que han funcionado adecuadamente para evitar que las malas acciones de gobierno sean todavía más dañinas.
También estas organizaciones han sido la voz de muchas personas en muy diferentes situaciones denunciando actos de corrupción o medidas en contra de nuestro entorno o de abuso de poder.
En otras ocasiones, encontramos que algunas organizaciones son creadas para evitar el pago de las contribuciones que toda persona física o moral debe hacer para poder vivir en sociedad, situación que debemos evitar.
Con estas palabras quiero comentar que, como seguramente ya anticipan ustedes, las organizaciones tienen las mismas bondades o defectos que las personas. Sin embargo, la organización de las personas en estas asociaciones es algo que todo gobierno debe fomentar, cuidando, como en todo, que los recursos sean ejercidos con pulcritud y para los fines altruistas de la asociación.
En muchos ámbitos de la sociedad estas asociaciones de la sociedad civil pueden proveer un punto de vista experto y diferente al de los gobernantes o de las empresas ante proyectos específicos. Un buen gobernante o un buen empresario siempre está atento de la opinión de este tipo de organizaciones para modificar sus planes y contender con las preocupaciones genuinas de estos grupos organizados. En este sentido, la opinión de organizaciones científicas es de vital valía para un gobierno que pretende construir el bienestar social en el largo plazo.
Por esta razón, en la mayoría de los países con mayor bienestar social financian a las Academias de Ciencias, Ingeniería, Medicina, Artes y Humanidades en el entendido que en ellas están agrupadas las personas con mayores conocimientos en muy diversos campos de las actividades humanas. Por supuesto, que este financiamiento es a cambio de obtener opiniones calificadas sobre muy diversos tópicos, problemas, proyectos o iniciativas; aunque las opiniones pueden ser contrarias a las de los gobernantes. En nuestro país, el financiamiento a estas asociaciones ha padecido lo mismo que el financiamiento a la ciencia en este gobierno: ha sido reducido. Tengo que admitir que en algunos momentos y en determinadas organizaciones profesionales, estos financiamientos fueron utilizados para sufragar algunos gastos superfluos; pero en la mayoría de los momentos el dinero fue invertido en acciones que beneficiaron realmente a la población. De hecho, las propias comunidades profesionales han enmendado el camino cuando ha sido necesario y cambiaron de dirigentes para retornar el ejercicio adecuado de sus recursos. En particular, en Morelos el ejercicio de los presupuestos a estas asociaciones ha sido dedicado a promover la comunicación de la ciencia y el fomento a las actividades científicas en la población juvenil del Estado, para muestra notamos el trabajo de la Academia de Ciencias de Morelos.
Regreso al tema de que las opiniones diversas y calificadas de científicos previamente discutidas entre especialistas son un verdadero tesoro para los estadistas y generadores de planes y acciones encaminadas a construir el bienestar social. En particular, para el órgano rector de la política científica la diversidad de opiniones basadas precisamente en la discusión amplia y con argumentos es un invaluable consejo a buscar, obtener y valorar.
Tengo que decir que hoy, en el Estado de Morelos, el gobierno actual no busca obtener estas opiniones y, desde mi punto de vista, debería acercarse a las Academias de Ciencias, Ingeniería y Humanidades que ya existen para, con base en conocimiento, planear para el futuro y no solamente actuar con fines corto-plazistas. En el ámbito nacional, en mi opinión, el actual CONACyT debe promover la participación activa en la toma de decisiones de la comunidad científica organizada y evitar que por decisiones unipersonales solamente una visión sea considerada en la definición de la política científica.
Las discusiones y argumentaciones basadas en conocimiento son las que verdaderamente pueden construir planes en el largo plazo y proveer de sólidas definiciones de política pública. Lo dictatorial, inmediato y sesgado fenece, no resiste el escrutinio de la historia. Las dictaduras han caído, las democracias parecen subsistir incluso a vaivenes o “trumpicones”.
Una versión previa de este artículo fue publicada el día 3 de Julio en el periódico la Unión de Morelos
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