miércoles, 16 de septiembre de 2020

Cubrebocas y era digital

Seguramente no es obvia la relación entre el cubrebocas y era digital, pero el COVID-19 nos llama a actuar en múltiples áreas y en este texto abordaremos los dos temas.
El masivo uso del cubrebocas por la población podría servir para disminuir tanto la tasa de transmisión como la gravedad del COVID-19, esta frase es alentadora y la encontramos en el artículo que se publicó la semana pasada en la revista “The New England Journal of Medicine” titulado "Facial Masking for Covid-19 — Potential for Variolation". La explicación que se argumenta en el artículo está basada en los resultados de diversos estudios realizados en diferentes partes del mundo, donde se muestra que el uso del cubrebocas disminuye la tasa de contagios y aumenta la proporción de infectados asintomáticos. Esto último, se refiere a que si en una población el cubrebocas es mayoritariamente adoptado del total de enfermos de COVID-19 una proporción mayor manifiestan síntomas leves o son asintomáticos y la proporción de casos letales disminuye. 
Considero importante conocer la argumentación de este artículo para llegar a estas conclusiones y así decidir nuestro proceder basado en conocimiento. 
Primero, la trasmisión del virus SARS-CoV-2, además de ser por contacto, es por vía aérea, es decir, por las minúsculas gotas que arroja una persona contagiada (con síntomas o sin ellos) al aire cuando respiramos, tosemos o estornudamos: Estas gotitas pueden contener miles o millones de partículas virales que podemos inhalar sin darnos cuenta en ambientas donde estén dispersas, principalmente en recintos cerrados sin ventilación. Por esta razón, el uso del cubrebocas disminuye el número de gotitas que arrojamos al aire cuando respiramos o tosemos y con ellos disminuye la transmisión; de manera similar, también disminuye la cantidad de gotitas con partículas virales que podemos aspirar.
Segundo, la severidad de una infección viral se asocia normalmente a la carga viral, es decir, al número de virus con el que se nos infecta. En la mayoría de las enfermedades producidas por virus, si entra una cantidad muy grande de partículas virales a nuestro cuerpo la probabilidad de tener una infección grave o severa aumenta. Al usar cubrebocas, disminuye el número de gotitas con partículas virales que aspiramos y por ende solo pueden entrar una porción pequeña de ellas. De esta manera, el pequeño número de virus que entran sirven como una inoculación y nuestro cuerpo puede contender con ellos y activar nuestro sistema inmune para controlar a los virus invasores. La inoculación como medida de contención de enfermedades virales ha sido usada en el pasado, principalmente antes de contar con una vacuna. Situación muy parecida a la actual en el COVID-19. 
Por lo tanto, el uso de cubrebocas nos ayuda a mitigar la transmisión y gravedad de la enfermedad.
Si bien debemos promover ampliamente el uso de los cubrebocas como una acción inmediata y de efecto en nuestro entorno cercano. 
En otro orden de ideas, la crisis provocada por el COVID-19, como lo mencionamos la semana pasada, también aumenta las desigualdades en nuestro entorno y en especial en aspectos educativos y tenemos que tomar medidas para transitar a una forma de educación diferente. 
Hoy nuevamente quiero llamar la atención sobre aspectos digitales, de acceso a información y a Internet. En particular, desde mi perspectiva debemos enfatizar la propuesta de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) de contar con una canasta básica digital en toda América Latina. En el informe especial num. 7, llama a todos los países miembros a universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. Esta recomendación surge después de analizar los cambios producidos por esta pandemia en los aspectos de las actividades económicas, educacionales, de salud, sociales y de entretenimiento. En este análisis encuentra que la brecha de acceso a los recursos digitales profundiza las desigualdades en la región, señala que la población infantil entre los 5 y los 12 años junto con las personas mayores de 65 años son los grupos con menor conectividad. Es decir, la población que debe recibir una educación se ve seriamente afectada por su falta de acceso a los servicios digitales. Un aspecto que debemos contemplar, de acuerdo con el análisis de la CEPAL, es la funcionalidad según las velocidades de descarga de los servicios de banda ancha que están disponibles y accesibles para toda la población. El análisis indica que un ancho de banda menor al 5.5 Mbp/s permite funcionalidades sencillas como correo electrónico, video básico y transmisión de audio y video, pero no permite el teletrabajo ni la educación en línea. Un servicio con una velocidad de 18.5 Mbp/s permite simultáneamente dos funciones básicas y una de alta demanda, digamos permite el teletrabajo y la educación en línea; pero de solo una persona. Un servicio con más de 25 Mbp/s permitirá este tipo de funciones de alta demanda de manera simultánea. Esta guía permitirá a algunas personas seleccionar el tipo de servicio y alerta a toda la sociedad de la disponibilidad de acceso que debemos promover para toda la población. El documento considera que estamos viviendo un cambio estructural y las nuevas actividades recaerán cada vez más en canales en línea. En particular, la educación en línea, los servicios de salud digital (consultas y diagnósticos remotos) compras en línea, entretenimiento en línea. Para ello se requiere de flexibilidad, cercanía del servicio y capacidad de reacción. Las soluciones no están totalmente disponibles ni optimizadas para ello se requiere investigación y desarrollo y creación o adecuación a las capacidades de las regiones. 
El documento de la CEPAL concluye con líneas de acción en las que debemos reflexionar y adecuar a nuestros entornos. En particular enfatiza que debemos repensar el modelo de gobernanza digital para promover la igualdad considerando procesos de transformación incluyentes, facilitando la interacción mediante múltiples canales y al fomentar la diversidad.
Ante la situación que nos plantea la crisis del COVID-19, tenemos un amplio espectro de acciones para implantar, modificar y construir. Estas son solamente dos ejemplos: el primero muy sencillo USAR CUBREBOCAS, el segundo, dado que estamos entrando a la era digital, promover una canasta básica digital para toda la población, quedan muchas acciones para cambiar la forma en la que vivimos y buscar el bienestar social.


Una versión previa de este artículo fue publicada el día 17 de Septiembre en el periódico la Unión de Morelos

miércoles, 9 de septiembre de 2020

Las diferencias y la educación hoy

Las clases en los niveles elementales y de educación media han comenzado y podemos observar que las desigualdades en nuestra sociedad se están incrementando. Los indicadores de acceso a Internet o de acceso a teléfonos inteligentes no son suficientes para evaluar las posibilidades para recibir educación en línea. Por ejemplo, en nuestro entorno cercano el acceso a un teléfono inteligente puede estar cercano al 100% de la población universitaria; pero no así el acceso a conexión a Internet de banda ancha. Es más el acceso no es suficiente, ya que la calidad del servicio en los temas de educación a distancia juegan un papel primordial. 

Quiero abundar en estas frases y sustentarlas con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que se publicó en febrero de este año. Los resultados de esta encuesta, realizada por el INEGI en colaboración con la SCT y el IFT, muestran que menos del 45% de los hogares cuentan con una computadora, es decir la mayoría de los hogares no cuenta con una computadora. Si bien el acceso a la Internet lo tiene un 70% de la población la mayoría de este acceso es mediante un teléfono inteligente quedando solamente el 33% con una computadora portátil y 29% mediante una computadora de escritorio (hay personas que tienen más de un dispositivo). De hecho, con respecto a los datos del 2015, los teléfonos celulares inteligentes han aumentado en un 3% y las computadoras han disminuido en un 8%. Otro dato alarmante es que la proporción de usuarios que solamente dispusieron de un celular inteligente creció en 23% del 2015 al 2019. De la población infantil (6-11 años) solamente el 60% tiene acceso a Internet, es decir, el 40% no tiene forma de participar de una educación a distancia interactiva con las limitaciones correspondientes. Estas diferencias se amplían cuando se analizan por separado los ámbitos urbanos y rural. 

Cuando digo que el 93 % de la población tiene acceso a Internet por medio de un celular, deseo enfatizar que evidentemente este acceso no es apto para la educación a distancia. En este punto no me refiero a la posibilidad de usar este dispositivo, sino para ser más concreto y específico, me refiero al uso de datos. Una hora de videoconferencia por medio de alguna plataforma (Zoom, Webex, Meet, Teams, por mencionar las más conocidas) utiliza entre 1.2 y 2.1 Gb de datos. La mayoría de los planes para datos en la telefonía celular ofrecen menos de 10 Gb, es decir, no más de diez horas de videoconferencia. Esto no alcanza ni para una semana de clases en los niveles elementales. Por supuesto, tampoco para otros niveles. 

Estoy hablando de la población estudiantil; pero seguramente también puede ser el caso de la población docente quienes no solo requieren una licencia de estas plataformas, sino que también necesitan de un plan de datos para impartir los cursos. 

Estos son solamente unos aspectos, pero las desigualdades se observan en múltiples facetas. Un hogar con dos miembros en edad escolar, pero con una sola computadora tiene que compartir el equipo y no pueden realizarse fácilmente más de una conexión a la vez. 

Seguramente usted ya está agregando algún otro aspecto que esta crisis en salud que está produciendo el COVID-19 agrega a la crisis económica, cultural, social y, de lo que hoy abordamos, educativa. Por estas razones, las personas que tenemos el privilegio de formar parte de la actividad docente y de contar con posibilidades para laborar desde casa debemos continuar haciéndolo, pero debemos considerar en nuestra forma de dar clase las capacidades de la comunidad estudiantil a la que instruimos. Por otro lado, tanto las madres como los padres que tengan el privilegio de contar con los medios para que los miembros de su familia puedan continuar con clases a distancia, deben considerar las posibilidades del personal docente, que pueden no ser las mismas y aportar parte de tiempo para fortalecer el proceso educativo. 

Con estas líneas, quiero llamar la atención sobre que hoy más que nunca tenemos que poner atención en las condiciones que tenemos y promover actitudes que fomenten el bienestar social con aportes de acuerdo a nuestras capacidades y tener en cuenta las capacidades de las otras personas. La comprensión de las diferentes condiciones con las que enfrentamos esta crisis puede ser de gran utilidad para salir de ella construyendo una sociedad con mayores posibilidades para gozar de ese anhelado bienestar social. Cambiemos del estilo egoísta a uno cooperativista. 

Este artículo fue publicado el día 9 de Septiembre en el periódico La Unión de Morelos.

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Democracia, centralismo y transición energética

La crisis de salud y económica que estamos padeciendo nos ha mostrado que tenemos que replantearnos la forma de vida que estamos llevando. Esta forma de utilizar los recursos naturales lo más rápido posible para obtener los mayores beneficios económicos en el menor tiempo posible y sin construir el bienestar social nos ha conducido a una estructura totalmente desigual e injusta. Con el actual modelo económico las desigualdades son lacerantes y una proporción muy grande de la población no obtiene ni los mínimos satisfactores, cuando otra proporción extremadamente pequeña de la población vive en la opulencia malgastando y desperdiciando los recursos a las que otras personas no tienen acceso. 

Por otro lado, en estos textos he planteado en diversas ocasiones que la descentralización de la generación de energía usando las fuentes renovables posibilita la democratización de la energía y por ende facilita la construcción del bienestar social y no solo del beneficio a unas cuantas personas. En este contexto, un colega periodista, Juan Mayorga, me llamó la atención sobre un artículo que analiza en un plano de dos dimensiones esta dicotomía. En este trabajo Ryan Thombs, pone en un eje el tipo de propiedad de la fuente: monopolista o democrática y en el otro eje el tipo de planta de generación: centralista o distribuida. Con esta forma esquemática analiza las opciones en cuatro cuadrantes: (1) descentralismo energético libertario, (2) centralismo energético tecnocrático, (3) centralismo energético democrático y (4) descentralismo energético democrático. El esquema descentralismo energético libertario, consiste en tecnologías de energía distribuida que pertenecen y son operadas principalmente por empresas privadas que maximizan las ganancias con una modesta supervisión y regulación gubernamental. El segundo (centralismo energético tecnocrático) consiste en un sistema energético donde el control está centralizado independientemente de que sean de propiedad estatal, privada o una combinación de ambas; las decisiones relacionadas con el sistema se toman centralmente basadas en aspectos tecnócratas. La tercera (centralismo energético democrático), aunque la toma de decisiones en este esquema es democrática lo esencial es que las tecnologías y los sistemas son centralizados. Finalmente el cuarto esquema contempla la toma de decisiones en forma democrática y añade la operabilidad descentralizada de las fuentes de energía, es decir se contemplan la generación distribuida, las tecnologías de red y la cercanía entre la generación y el uso de la energía. Para mi resulta muy interesante y novedosa la forma de presentar las opciones, Thombs indica que las cuatro alternativas no son equivalentes en términos de potencia, equidad e impacto ecológico. 

El artículo fue publicado a principios del año pasado cuando todavía no existía la pandemia del COVID-19, sin embargo, su análisis concluye en que actualmente, la mayoría de las sociedades reflejan el descentralismo energético libertario o el centralismo energético tecnocrático, que la propia pandemia nos ha invitado a cuestionar. Bajo el análisis de Thombs, se observa que es poco probable una transición justa bajo estos esquemas dada la naturaleza explotadora y al consumo insostenible de recursos que imperan en ellos. Así, Thomb considera que para cualquier transición justa es fundamental democratizar las relaciones sociales, incluidas aquellas del sistema energético. Por otro lado, enfatiza que la escala del sistema energético desempeñará un papel fundamental en la configuración y el refuerzo de las relaciones sociales en el futuro energético. En particular, señala que merece una seria consideración por parte de activistas sociales y legisladores la configuración de la propiedad social de la generación de energía. Por lo tanto, sugiere crear e implantar instrumentos de política que sean multiescalares, como los que caracterizan al esquema democrático decentralizado y contemplar las escalas desde edificios, barrios, ciudades, regiones, etc. Aunque advierte que la centralización o descentralización completas tendrán limitaciones tanto sociales como ecológicas, por lo que un futuro justo y sostenible probablemente será una amalgama de esquemas contemplando las diferencias de las comunidades, recursos, tecnologías y estructuras de gobernanza y todos ellos interconectados. Ante este análisis, desde mi perspectiva, planteo utilizar la herramienta, muy útil en el ámbito de la efectividad gerencial, de proponer hacer un análisis usando un tercer eje el del bienestar social opuesto a solo el bienestar individual, donde podamos realizar una estructuración de las bondades y de las limitaciones de cada esquema en la construcción de ese bienestar social. 




Claramente el análisis deberá realizarse en el marco de las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: economía, naturaleza, sociedad y el ámbito organizacional. Todas estas dimensiones se enmarcan en el trabajo de Thombs y merecen ser revisadas a la luz del eje del bienestar social. Aquí enfatizo la palabra social ya que los actuales esquemas descentralismo energético libertario o centralismo energético tecnocrático han propiciado el bienestar de unas cuantas personas. Este análisis queda pendiente, pero me parece puede hacerse.

La acertada coexistencia o combinación de estos esquemas para construir un sistema energético justo depende claramente de los entornos naturales y sociales de las diferentes regiones, por lo tanto, a la luz de ese trabajo proponer esquema único es un error conceptual evidente. Es decir, la selección acertada depende fuertemente de la situación en articular de la región o localidad del sistema energético. 

La problemática actual del sistema energético y las herencias centralistas y antidemocráticas que padecemos de los combustibles fósiles deben ser revisadas y utilizar las bondades democratizadoras y descentralizadores que nos otorgan las fuentes renovables. 


Una versión previa de este artículo fue publicada el día 2 de Septiembre en el periódico la Unión de Morelos.

miércoles, 12 de agosto de 2020

Evitemos la quema de combustóleo

En estos momentos muchas personas estamos descorazonadas al percibir que la política energética actual no nos conduce al bienestar social. Algunos leímos en el plan propuesto por Andrés Manuel López Obrador (2018) en la materia energética mencionaba a las fuentes renovables como una alternativa para transformar el país y compartimos esa visión. Muchas personas estamos convencidas que la transición a las fuentes renovables de energía es una de las acciones que permitirá a la mayoría de la población mexicana alcanzar el bienestar que merecemos. 

En estas líneas he insistido en que los recursos petroleros no fueron aprovechados para construir una sociedad que comparta los beneficios de esos recursos naturales no renovables y solamente fueron aprovechados por una minoría. Hoy no solo enfrentamos el agotamiento de esos recursos y observamos el inexorable declive de su extracción, con esta situación somos testigos de una disminución de los recursos económicos que nos aportaron a principios de este siglo. Precisamente en la primera década de este siglo los precios del petróleo indicaban que la venta de este recurso natural podría impulsar la economía, claramente no fue así y esos recursos no fueron bien invertidos. Ahora al finalizar la segunda década, tenemos un país donde más del 40 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los precios el año pasado marcaron mínimos en este siglo y nuestro país se negó a disminuir la cuota de explotación con el pretexto de no ver disminuidos sus ingresos; aunque, desde mi punto de vista, lo hizo para cumplir una promesa de campaña de aumentar la extracción de petróleo, cosa que no ha sucedido y continua disminuyendo.

La problemática no es sencilla, pero me gustaría enfatizar algunos puntos que se han mencionado sobre la situación del ámbito petrolero. Seguramente, hemos visto que los precios del crudo mexicano son bajos comparados con los precios del petróleo de otras regiones. En estos días el precio de la mezcla mexicana es del orden de los 40 USD/barril mientras que el Brent está en 45 USD/barril. Esta diferencia de precios se debe a que nuestro petróleo es más denso y contiene mayor cantidad de azufre que otros tipos de petróleo lo que incrementa el costo de refinación y aumenta la contaminación al quemarlo. En particular, para poder refinar nuestro petróleo se requiere contar con refinerías que tengan implantada la tecnología para procesarlo. Hoy en día las refinerías mexicanas generan una gran cantidad de residuos que llamamos combustóleo y que contiene los residuos de azufre que son altamente contaminantes. Una salida de esos residuos es quemarlo en termoeléctricas, aunque claramente no es un combustible amigable con el entorno. Otra alternativa que tenía nuestro país era su venta como combustible para la industria naviera; sin embargo, a partir de este año la Organización Marítima Internacional acordó reducir el máximo contenido de azufre del combustóleo que se permite quemar en las embarcaciones con trayectos internacionales a menos del 0.5 % y el combustóleo mexicano contiene más de seis veces esa cantidad de azufre. Así vimos canceladas las posibles salidas de ese residuo de la refinación en nuestro país. Claramente, este es un problema para PEMEX, al no poder darle salida a los residuos (al combustóleo) y tratar de cumplir las metas de refinación de petróleo para producir las gasolinas que usamos en el transporte. La propuesta de los tres actores principales del sector energético (SENER, PEMEX y CFE) es quemar el combustóleo en las termoeléctricas y producir la electricidad que el país requiere. Sin embargo, una mala noticia, aunque el combustóleo es un residuo, la generación de electricidad es más cara con combustóleo que con gas natural y ya no se diga en comparación con las generaciones fotovoltaicas o eólicas. Efectivamente, las llamadas energías limpias generan electricidad más barata que la generada con el contaminante combustóleo. Para conseguir que la generación de electricidad con combustóleo sea competitiva en comparación con las renovables, se han incrementado los precios para la transmisión de electricidad. Recordemos que la CFE es la dueña del sistema de transmisión y distribución del fluido eléctrico en el país y que toda planta de generación le entrega la energía a la CFE para que ella la transporte y distribuya, claro con un pago por el transporte. Así, que los actores acordaron incrementar el costo por el transporte a las empresas generadores y asunto arreglado las plantas de combustóleo, que son mayoritariamente de CFE, son competitivas.

Desde mi perspectiva, estamos errando la estrategia. Debemos apoyar la generación con energías renovables y transitar aceleradamente hacia energías sustentables. Se deben promover acciones de eficiencia energética en todos los sectores (industriales, empresariales, servicios, educativo, gubernamental, social, etc.) y promover la instalación de sistemas distribuidos de generación con renovables. Al mismo tiempo que modernizar el sistema de transmisión y distribución y convertirlo en un sistema verdaderamente inteligente que aporte servicios de valor agregado que pueda ser cobrado y que redunde en una mejora en la calidad de la electricidad entregada a la población. En estas acciones se debe contemplar la electrificación del transporte y de muchos otros usos de energía. Siempre debemos perseguir los usos de diferentes formas de mirando hacia la sustentabilidad y por ende al bienestar social.


Este artículo fue publicado el día 12 de Agosto en el periódico la Unión Morelos