Para contender con la COVID-19 y el cambio climático

Por supuesto que deseamos salir de la crisis económica y de salud en la que estamos inmersos. Es más, también es nuestro anhelo combatir el cambio climático que está empezando a hacer estragos en muchas partes del mundo y que se ha manifestado, también, en nuestro país. Para muestra, un botón, recordemos los incendios que sufrimos en 2019 que causaron el cierre de las actividades económicas y de educación en algunas ciudades del centro de la República Mexicana.  

Cambio climático, imagen de Freepik

Seguramente, algunas personas pueden alegar que las inundaciones, el incremento en la intensidad de las tormentas o algún otro evento extremo son estadísticamente probables; pero ya son más frecuentes y se manifiestan de manera generalizada en el planeta indicando que pudiera ser algo precisamente global causado por las actividades humanas del último siglo. Desde mi perspectiva, es el uso indiscriminado de la energía fósil que está cambiando la composición de la atmósfera y con ello nuestro clima.

Con la intensión de cambiar la situación, tanto urgente como de largo plazo, se están poniendo en funcionamiento diversas medidas en diferentes regiones. Cada propuesta puede estar pensada para un contexto socioambiental específico y con acciones diferenciadas. Para saber si estas acciones son las adecuadas es imprescindible medir su desempeño. Esta medición debe ser tal que verdaderamente brinde elementos para evaluar el desempeño de las acciones que se proponen. No pueden ser indicadores para salir del paso, sino que requieren de un proceso de análisis crítico de lo que se desea, y que requiere de una honestidad por parte de las personas que proponen las acciones o medidas. En muchas ocasiones las personas que proponen estos indicadores son las mismas que proponen las medidas. En esta situación se debe buscar el máximo desempeño en lugar de buscar una evaluación de medianía.

Donella Meadows en su libro “Thinking in Systems” alerta sobre el uso de indicadores que conducen a un bajo desempeño para satisfacer a las mayorías en lugar de buscar el máximo desempeño para conducir al bienestar de los comunes a largo plazo. La idea de contar con indicadores cuantificables y comparables conduce a una posible evaluación objetiva por parte de las personas involucradas. En este sentido, Elinor Ostrom, en “Governing the Commons” también enfatiza que la información es fundamental para actuar y evaluar las propuestas instrumentadas. Así es necesario, que estos indicadores sean compartidos con la población en general.  

Normalmente, la información se genera y puede ser analizada por personas entrenadas, quienes deben tener la visión y el compromiso de compartirla y promover la apropiación de esa información por parte de las más amplias comunidades. 

La idea de compartir la información en conferencias periódicas sobre la pandemia de la COVID-19, en principio, es importante; sin embargo, como ya se ha mencionado la selección de los indicadores debe ser rigurosa y comprometida con la evaluación del desempeño en lugar de obedecer a esquemas que se presten a interpretaciones subjetivas o encubridoras de limitaciones de las propuestas o acciones.

Con estas ideas en mente, Meadows alerta sobre la necesidad de buscar el beneficio a largo plazo en lugar de argumentar bondades inmediatas o de encubrir bajos desempeños.

Desde mi punto de vista, en cuanto al manejo de la crisis de salud provocada por la COVID-19, los indicadores que se pueden construir para nuestro país están disponibles, pero tienen limitada cobertura por el hecho de limitar las pruebas. Sin embargo, un dato muy duro son las muertes en exceso que claramente indican hay un manejo enfocado a mantener el número de camas disponibles para tratamiento en lugar de haber sido dirigido a minimizar las pérdidas de vida.

En cuanto al cambio climático, el indicador de uso de fuentes renovables es un dato revelador, pero la información de la distribución en el uso de la energía per cápita es realmente una herramienta que nos conduciría a definir estrategias diferenciadas para los diferentes grupos poblacionales. Estas distribuciones en el uso de la energía indicarían que hay regiones y grupos poblacionales que deben urgentemente disminuir su uso irracional de energía y otras regiones o grupos a los que se les debe otorgar el acceso a una energía de calidad y suficiente para su bienestar.

De esta manera, es imperioso, primeramente, construir conjuntos de indicadores que nos conduzcan al mejor desempeño y, segundo, con el detalle para definir estrategias diferenciadas para construir el bienestar social.

Este artículo fue publicado el día 28 de julio en el periódico la Unión de Morelos

La COVID-19 nos ha enseñado de flexibilidad

En nuestro país estamos en la fase de ascenso de otra ola de la COVID-19 y la desesperación que ha provocado tanto en los ámbitos económicos como políticos está causando una apertura precipitada de las actividades en nuestra sociedad. Las predicciones de la CEPAL para la región latinoamericana prevén un crecimiento del PIB en 5.2 % y 2.9 % en este año y en el que viene, después de una caída de 6.8 % en el año 2020. 

También preocupante es el hecho que en la región tendremos la cuarta parte de la población por debajo de lo que se llama ingreso bajo para satisfacer sus necesidades.  Por otro lado, estamos enfrentando los primeros cambios globales en nuestro clima causados por el uso desmedido de los combustibles fósiles para satisfacer las demanda energética. La densidad energética y la portabilidad de los combustibles fósiles han posibilitado su despilfarro en muchas regiones en el mundo. También la posibilidad de centralización de la generación de energía ha ocasionado distribuciones inequitativas de la energía; así, podemos encontrar regiones donde para producir una unidad de riqueza, digamos producto interno bruto, se usa el doble o el triple de energía. En particular, nuestros países en la región iberoamericana la mayoría de la población todavía no cuenta con la calidad en accesibilidad de energía y mucho menos con fuentes de energía renovables. Es cierto que en algunas regiones, el diseño de las políticas públicas apuntan en la dirección correcta y el fomento a las fuentes renovables es decidido, en cambio en otros países, incluyendo México, esta situación no es la adecuada y por lo tanto requerimos impulsar las demandas sociales para construir alternativas sustentables.

Por estas razones, se requiere una transición energética que apunte a resolver la crisis climática al mismo tiempo que aporte lo necesario para que la población iberoamericana consiga tener recursos para conseguir un bienestar social.

Es fundamental construir redes de capacidades para generar innovación desde las raíces de la sociedad. Esta acción es esencial, las construcciones del bienestar social pasan por el criterio de sustentabilidad considerando cuatro dimensiones: naturaleza, economía, sociedad e institucional, y para ello es necesario amalgamar el conocimiento científico global con el conocimiento local para conformar soluciones en concordancia con las capacidades sociales y naturales de las diferentes regiones.

Por supuesto, estos retos generan a su vez interrogantes de frontera en todas las ciencias, y un enfoque de ciencia ciudadana en el más amplio sentido del concepto. El fomento a la investigación multidisciplinaria que involucre a la población en el diseño y adopción de tecnologías codiseñadas con la población acorde a cada lugar es una acción que puede ser retomada por las universidades o instituciones de investigación. Es importante comentar que el diseño normativo y de políticas pública deben apuntar hacia la apropiación social del paradigma de la sustentabilidad. Estas acciones deben estar inmersas en estrategias con miras diferentes a las que han permeado en el siglo pasado, hoy el enfoque participativo y las consideraciones ambientales exigen que se construyan tecnologías que contemplen el ciclo de vida completo de los productos o servicios generados. La necesidad de incorporar a las mujeres en el diseño y la construcción de esta transición energética es una acción primordial para hacerla justa y sustentable. Las demandas de conocimiento de frontera en tópicos de materiales o química o diversos procesos para que adquieran el adjetivo de verde están siendo las demandas de la sociedad.

Para ello las instituciones de educación superior y de investigación tienen el reto de aportar los talentos necesarios y suficientes para que, además de conocer las diferentes tecnologías conozcan de las formas para colaborar con la población de cada región y con ello construir las soluciones energéticas para que se satisfagan sus necesidades con energía renovable minimizando las afectaciones al entorno natural y social. Es primordial que desde las universidades se contribuya a romper el modelo centralista de generación de energía, ya que las fuentes renovables de energía posibilitan, precisamente, la generación distribuida y con ello apuntan a la democratización de la energía. La democratización de la energía se puede concebir como el proceso de desarrollo de las instituciones sociales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil para disminuir las desigualdades en el uso de la energía con un enfoque de minimización de los impactos negativos para el entorno natural.

Aquí es importante mencionar, que una visión desde los sistemas complejos es muy importante para entender primero estos  procesos no lineales y después actuar para modificar las tendencias a las distribuciones paretianas inequitativas que se desarrollan en estos sistemas. En este sentido, la emisión de subastas deben incluir, desde su diseño, la opinión y la colaboración de la población a la que abastecerán o intervendrán. Sí, desde el diseño, es imprescindible involucrar a la población y esto tiene que continuar de una forma de apropiación social de la tecnología  y conducir a una colaboración informada por parte de las diferentes poblaciones después.

Notemos que la fuentes renovables no solo posibilitan la flexibilidad en la matriz de generación de energía, al considerar las diferentes fuentes renovables o no, sino que permiten la flexibilidad que el uso del conocimiento de la localidad puede dar a la demanda de energía y con ello disminuir los posibles conflictos entre las fuentes variables y la demanda sin conocimiento. Las universidades, desde su posición privilegiada en torno al conocimiento científico, tienen la obligación de asegurar el buen funcionamiento y uso de la tecnología energética mediante su participación en el establecimiento de normas para los productos o servicios relacionados con las fuentes renovables de energía. Además estas normas deben proteger a las personas y a las otras especies de posibles efectos negativos.

La innovación tecnológica y social es otro aspecto donde las universidades tienen un papel relevante al formar talento que responda a estos retos donde la multidisciplina y el trabajo colaborativo son necesarios. En este sentido, las personas que egresen de nuestras instituciones deben ser capaces de construir empresas energéticas que respondan a las necesidades locales. Las instituciones de educación superior deben ser un ejemplo en el uso eficiente y en la generación distribuida de energía para mostrar las bondades que hoy en día dan estas tecnologías. Las universidades o instituciones de investigación de la región han mostrado su capacidad para construir conocimiento y formar talento; sin embargo el reto ahora es flexibilizar este talento para que sea capaz de colaborar y construir soluciones diferenciadas para la diversidad de entornos sociales y ambientales locales.

La preparación de tecnologías que posibiliten la transición energética a un sistema distribuido donde la energía se genere, almacene y administre en el sitio de uso es un factor que permitirá que tanto las organizaciones sociales o empresariales como a las personas, en lo individual, tengan acceso a la energía de calidad necesaria y que provenga de fuentes renovables. Debemos prepararnos para hacer flexibles nuestras necesidades energéticas entre otras si deseamos que nuestra huella no afecte las posibilidades del bienestar de otras personas o especies.

La COVID-19 nos mostrado que podemos ser flexibles, ahora seamos flexibles con conocimiento.

Este texto es parte de mi contribución al foro "La transición energética para un desarrollo sostenible en Iberoamérica: respuestas desde la ciencia, tecnología y la innovación". Una versión resumida de este artículo fue publicada el día 21 de junio en el periódico la Unión de Morelos.

Alarmante situación laboral

En las conversaciones cotidianas se comenta la situación económica que se está sufriendo hoy en día y ha sido acentuada por la COVID-19. El platicar y comentar es una de las actividades que permite reflexionar sobre las situaciones que enfrentamos y nos ayuda a construir posibles soluciones. La información veraz que podamos compartir y analizar en todas las esferas es la que nos posibilitará argumentar y establecer rutas posibles para resolver la problemática que enfrentamos en todos los niveles: comunitarios, locales, estatales, nacionales o mundiales. En este sentido, es importante conocer y analizar la información que nos está ofreciendo el INEGI mediante los resultados del Censo 2020. 

En esta ocasión me gustaría comentar sobre el análisis que presenta el CONEVAL basados en los datos del INEGI sobre la pobreza laboral al primer trimestre de 2021 [1]. En particular los datos referentes a aspectos laborales son un indicador que involucra las dimensiones social y económica dando la oportunidad de evaluar parte de las trayectorias hacia la sustentabilidad.

Al comparar el ingreso laboral real per cápita en el primer trimestre del 2020 con el mismo periodo del 2021 encontramos que el ingreso nacional disminuyó de $ 1,919.84 a $ 1,827.39, es decir, hubo una pequeña disminución en este indicador nacional. Observemos el monto de este ingreso real que señala el salario con el que la población promedio subsiste hoy en día que nos obliga a reflexionar sobre la situación que viven las personas en nuestro país y que siendo menor a dos mil pesos mensuales no permite pensar en un bienestar social mientras este salario promedio se mantenga.  

Los indicadores promedio en poblaciones donde la distribución es paretiana, es decir, donde muchos ganan muy poco y muy pocos ganan mucho no son de lo más adecuado para definir las medidas para construir el bienestar social; sino que conocer las distribuciones nos dan una mejor idea de la situación y reflejan con mayor claridad los aspectos esenciales a considerar. En este sentido, de lo más preocupante es el porcentaje de la población que tiene ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica alimentaria, que en el ámbito nacional pasó del 35.6 % al 39.4 %. Tenemos hoy un 4 % más de personas que no ganan lo suficiente para poder alimentarse adecuadamente. En el sector urbano este indicador pasó del 31.7 % al 36.4 % y en el sector rural pasó de 48.0 % a 48.9 %, indicando que durante la pandemia el sector urbano fue el que sufrió mayormente el impacto de la crisis económica, pero que también el sector rural se vio afectado negativamente. Con esta información podemos afirmar que es imperioso disminuir esta proporción de personas que no ganan lo suficiente para alimentarse, ya no digamos para tener otros satisfactores. Con estos datos, tanto en el ámbito urbano como en el rural, podemos afirmar que estamos viviendo un aumento de personas con pobreza salarial.

Otro de los datos más alarmantes lo podemos encontrar al analizar la distribución de los salarios en la población. Así encontramos que la proporción de las personas que ganan un monto igual o menor al salario mínimo que pasó del 31.7 % al 35.3 % del 2020 al 2021. En nuestro país, casi un tercio de la población con salario gana no más del salario mínimo. Por supuesto que con esta situación no podemos aspirar a un bienestar de la población.  Aunado a esto el porcentaje de la población que gana entre uno y dos salarios mínimos pasó del 40.0 % al 40.6 %, pero la población que gana entre dos y tres salarios mínimos bajó del 17.5 % al 14.8 %. Situaciones de decrecimiento similares se observan en la población que gana más de tres salarios mínimos que pasó del 10.7 % al 9.5 %. Es decir, mientras la proporción de personas que ganan menos de dos salarios mínimos creció la proporción población que gana más de dos salarios mínimos decreció. Es esencial notar que hoy en día, la proporción de la población que gana más de tres salarios mínimos es menor al 10 %, es fundamental que entendamos que con esta distribución de la riqueza es imposible alcanzar el bienestar para todas las personas, inclusive para aquellas que ganan más.

Desde mi punto de vista es imperioso definir estrategias que posibiliten que las personas obtengan una remuneración que les permita obtener los satisfactores adecuados para construir un bienestar social. No podemos seguir con mecanismos egoístas, ya que solamente crearán mayores diferencias generando descontentos que a la larga afectarán el propio bienestar de cada una de las personas, inclusive las que hoy gozan de privilegios.

Este artículo fue publicado el día 14 de julio en el periódico la Unión de Morelos

Enemigo en casa: La estufa de combustión

En nuestro país, una preocupante proporción de la población vive debajo de la línea de pobreza, esta proporción ha oscilado en los últimos 20 años alrededor del 50 % de la población. La crisis provocada por la COVID-19 ha incrementado este porcentaje y hoy estamos cerca del 60 %. En las semanas pasadas escribía sobre los daños a la salud que provoca el uso de combustibles en el interior de las habitaciones. Enfatizaba que incluso el uso del gas para cocinar es un riesgo para la salud de las personas que están cerca de la estufa, en hogares pequeños todas las personas que lo habitan. Claramente, el uso de otros combustibles puede provocar daños más graves en la salud de las personas. 

Esta situación, de daños a la salud por el uso de combustibles en los espacios cerrados que habitamos, empezó desde que la humanidad dominó el fuego, es decir, desde hace miles de años. Hoy en día estamos en la posibilidad de cambiar esta situación. Precisamente esta es la conclusión que Max Roser publicó el pasado lunes 5 de julio analizando los datos disponibles en Our World in Data. En el mundo se está observando que la contaminación por los combustibles fósiles es uno de los principales factores de riesgo que causan muertes prematuras. Como podemos seguramente entendemos, la pobreza está ligada a la pérdida en el acceso a la energía limpia y mucho más hacia la imposibilidad de construir esquemas de energías sustentables. En el análisis mencionado, Roser enfatiza que la falta de energía moderna tiene un costo terrible para la salud de miles de millones de personas. De acuerdo con los datos de hoy, millones de personas mueren por enfermedades causadas por la contaminación del aire dentro del hogar. En particular, la exposición crónica a la contaminación en el hogar conduce a neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Además, la cocción con combustibles en el hogar es el principal factor de riesgo de quemaduras. Los ojos también son afectados y la combustión aumenta el riesgo de cataratas, e impacta la salud de los bebés antes de nacer y conduce a una mayor tasa de mortinatos (nacidos muertos). A pesar de estas correlaciones, es necesario contar con más datos sobre los niveles de contaminación a los que están expuestas las personas en los hogares. No conozco estudios sistemáticos y de largo plazo sobre este tema en nuestro país. 

En el ámbito internacional se observa que el uso de la electricidad para cocinar ocurre mayoritariamente en hogares de alto ingreso, donde coexiste con el uso del gas natural. En cambio, el uso del gas LP, metanol, queroseno o carbón es dominante en los hogares de mediano ingreso, para dejar el carbón o la leña en los hogares de bajos ingresos. Es decir, mientras el hogar tenga menos ingresos el acceso a la energía limpia es menos probable. Para nuestros fines al considerar los efectos en la salud de la combustión en el hogar, es importante considerar que la electricidad no emite gases contaminantes en el hogar independientemente de cómo haya sido generada. Aunque por supuesto, si la electricidad fue generada con fuentes renovables su impacto en el lugar de la generación será mucho menor que el de las estufas de combustibles en los hogares.

Por supuesto que pasar de estufas de queroseno o de leña, como lo era a principios del siglo XX en México, a estufas de gas ha sido una mejora; pero no ha sido así en toda la población. Sin embargo, la que ha transitado al uso del gas tampoco está libre de sufrir los efectos de los gases de combustión. Necesitamos que en nuestro país se realicen más estudios sobre cómo la exposición, desde la infancia o previa al nacer, a los gases de combustión afectan la salud de las personas. A pesar de la ausencia de datos contundentes, todos los estudios coinciden en que el número de muertos es extremadamente alto. La Organización Mundial de la Salud, sí la misma que ha sido extremadamente cauta en los primeros meses de la pandemia del COVID-19, estimó en el 2016 que la cifra de muertos es sustancialmente mayor a 3.8 millones anuales.

Además, de los peligros para la salud que hemos mencionado, están las afectaciones climáticas que las estufas de combustibles (gas y leña principalmente) provocan al liberar el CO2 que fue removido de la atmósfera hace millones de años y contribuyen al cambio climático.

Parece ser que tenemos a un enemigo en nuestros hogares y no nos hemos percatado, las estufas de combustión no son inocuas.

Desde mi punto de vista, la sustitución del uso de combustibles en el interior de los hogares es una de las acciones prioritarias que deberíamos promover hoy en día y que estaría en concordancia con la electrificación del uso de la energía. Por supuesto que para verdaderamente transitar hacia una energía sustentable es necesario usar las fuentes renovables disponibles en los diferentes entornos y acompañar este uso de estrategias de eficiencia energética.

Una versión previa de este artículo fue publicada el día 7 de julio en el periódico La Unión de Morelos.